La reforma laboral y el doble fracaso, legislativo y político
La intención del Gobierno de aprobar la reforma laboral antes del 31 de enero, no pudo concretarse, resultando en un fracaso legislativo. Su base fue el fracaso político combinando la división en la Nueva Mayoría ante el proyecto de ley, con la estrategia de la dirigencia de la CUT de negociación parlamentaria, que llevó a los trabajadores a una posición defensiva. De fondo está, la contraposición de intereses que hay en juego, que tienden a la confrontación.
El fracaso legislativo
Acercándose al final del mes de enero, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, no la ministra de Trabajo Ximena Rincón, confirmaba que la votación de la Reforma Laboral quedaba para marzo, y no el 31 de enero como era su objetivo.
La razón que esgrimió fue la continuación en la búsqueda de consensos dentro de una coalición de Gobierno dividida en el Senado.
La división se centra en distintos puntos, uno de los más critico fue sobre el derecho efectivo a huelga. Un grupo de senadores, con el aval del Gobierno, introdujo una indicación, las llamadas “adecuaciones necesarias” que permitiría el re-emplazo interno. El proyecto debió volver de la sala a la Comisión de Trabajo del Senado, que la rechazó. El Gobierno contestó que la repondría en una nueva votación en sala mientras buscaba acuerdos. No los encontró, y se se pospuso la votación.
Este resultado legislativo, no hizo más que expresar el fracaso político.
El fracaso político
La Nueva Mayoría en el Senado está dividida. Un sector, la llamada “bancada pro-PYME” y otros, que incluyen a los senadores DC Andrés Zaldívar, Ignacio y Patricio Walker, Jorge Pizarro, Manuel Antonio Matta, y los PPD Eugenio Tuma, Felipe Harboe y Ricardo Lagos Weber, es el que está por introducir esa y otras indicaciones, en lo que denominan una búsqueda por “equilibrar” el proyecto.
Otro sector, integrado por lo senadores PS, la DC Carolina Goic, la PPD Adriana Muñoz, los independientes Alejandro Guillier y Pedro Araya, y el senador del MAS Alejandro Navarro, es el que está por mantener el proyecto como fue despachado por la Comisión de Trabajo del Senado.
Los esfuerzos de los ministros de Hacienda y Trabajo por ponerlos de acuerdo no resultaron. Las negociaciones son secretas. Aunque se conoce que buscan nuevamente mantener el objetivo de lo que llaman “equilibrar”, limitándose a cambiar de nombre y ajustar las “adecuaciones necesarias”, por “ajustes en turnos y horarios“
La búsqueda de acuerdo fracasada, va de la mano de la política de negociaciones parlamentarias de la dirigencia de la CUT, sin llevar la discusión activamente a sus bases ni menos movilizarlas, permitiendo este juego de negociaciones secretas que solo se conocen por trascendidos. La principal fuerza con la que cuentan los trabajadores, su movilización, fue dejada de lado.
El resultado es, no ya conseguir los objetivos propuestos, sino haber sido puestos a la defensiva intentando impedir la mayor moderación del proyecto de ley.
Un curso pro-empresarial
Con estos resultados, la reforma laboral fue adquiriendo un carácter cada vez más pro-empresarial. De los pactos de adaptabilidad, o sea, una mayor flexibilidad laboral, ya ni siquiera se habla. Como tampoco de los importantes puntos que directamente quedaron afuera hasta de la discusión, como la negociación por rama.
Incluso los puntos progresivos, fueron retrocediendo, como vimos, por ejemplo, sobre el fortalecimiento del derecho a huelga, con las “adecuaciones necesarias” o sus fórmulas alternativas, con la obligación de ratificar la huelga en votación secreta cada cinco días, con los servicios mínimos; o también, por ejemplo, sobre el fortalecimiento de los sindicatos, con la impugnación a la prohibición de la extensión de beneficios, o el requisito de quorum para constituirlos.
Dos puntos esenciales que muestran que el fondo de la disputa no es otro que la que hay entre capital y trabajo, con intereses opuestos, y que a lo más que se puede llegar es a soluciones de compromiso, transitorias, inestables. En este caso, ni a esto último se está pudiendo llegar. Constituyéndose en fuente de mayores tensiones, y enfrentamientos, entre los trabajadores, los empresarios y el Gobierno.
Tendencias a una mayor confrontación
En un escenario de creciente deslegitimación del régimen, que los casos de corrupción muestran agudamente pero no se limitan a ellos, y donde la discusión pública nacional sobre la reforma laboral contribuyó a ampliar la politización de sectores de trabajadores, la pretensión de “modernizar” las relaciones laborales va en camino de terminar en lo contrario: mantener una institucionalidad laboral anacrónica.
A la deslegitimación y mayor politización, hay que agregar la mayor disposición a la lucha de la clase trabajadora y el recurso a métodos combativos. Esto, unido al anacronismo de la institucionalidad laboral, es el motor de una tendencia a la mayor confrontación entre los trabajadores, los empresarios y el Gobierno.
Por un lado, los empresarios, la derecha y sus instituciones, reafirman su rechazo, incluso a los acuerdos. La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) le dijo a la ministra de Trabajo Ximena Rincón que no se hará parte del acuerdo por la reforma, pues mantienen sus críticas. El Banco Central entró al debate declarando su preocupación porque la reforma rigidice el mercado laboral. La derecha ratificó que recurrirá nuevamente al Tribunal Constitucional.
La estrategia de la dirigencia de la CUT
Con el paso de los meses, la dirigencia de la CUT pasó del apoyo entusiasta, al apoyo crítico, a la crítica de aspectos parciales que fue subiendo de tono, con diferencias entre los principales dirigentes. Su presidenta PC Bárbara Figueroa denunció que el rechazo favorece a los empresarios, y que el problema está en “los sectores conservadores” de la Nueva Mayoría en el Senado. Su vicepresidente DC Nolberto Díaz, denunció que “nos deben todo”, aseguró el dirigente, agregando que siempre han traicionado a los trabajadores, “cuando hubo en Chile un golpe, durante la Dictadura asesinaron a más de 300 dirigentes sindicales y la Concertación hizo una promesa el año 1989 que, al día de hoy 25 años después no ha cumplido. Nadie puede pretender creer que nosotros somos ignorantes de esa realidad. A nosotros nos costó meter el tema laboral en el Programa de Gobierno porque no estaba, y ahora que vamos entrando al tercer año de gobierno hemos tenido traiciones al interior de la propia Nueva Mayoría”.
Pero todos juntos mantuvieron la estrategia de negociaciones parlamentarias, que se reveló como impotente.
En enero realizaron su Congreso, con un balance complaciente de lo hecho, pero obligados por las circunstancias a llamar a un Paro Nacional para el 22 de marzo. El Gobierno, en respuesta, manifestó que pretende aprobar la reforma antes del 15, para desactivarlo.
Aunque tardío, el paro puede servir como manifestación política de sectores de trabajadores, y aglutinar sus fuerzas, con disposición a la lucha pero dispersas.
Hay otra manifestación política gestándose con avances y retrocesos: las voces críticas a la dirigencia CUT, los esfuerzos de organización por abajo que pueden ampliarse.
Se abre paso, una discusión sobre el tipo de organización y política sindical que los trabajadores necesitan.
La desaceleración, la amenaza incluso de recesión, la continuidad de los despidos, reforzarán estas tendencias.
Fuente:La Izquierda Diario Chile
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