La instancia aprobó las normas relacionadas con las materias de financiamiento del fondo de formación sindical, pago de los arbitrajes e incentivos para la negociación voluntaria.
La Comisión de Hacienda, que preside el diputado Pepe Auth (PPD), aprobó y despachó el proyecto que Moderniza el Sistema de Relaciones Laborales (boletín 9835), el cual será discutido la próxima semana en la Sala de la Cámara de Diputados.
El diputado Auth recalcó que este proyecto va a ampliar la negociación colectiva, va a incorporar también los temas de adaptabilidad a las mismas negociaciones y “no solo aumentar el equilibrio de la relación entre trabajadores y empresarios sino también el compromiso con el conjunto de la evolución de la empresa, su aumento de productividad y su éxito”.
Afirmó que el sentido de este texto es “apostar a que se fortalezca la asociatividad de los trabajadores en la empresa y que haya mayor tasa de sindicalización, que en nuestro país es muy baja”. Agregó que una mejor organización favorece al empresario que tendrá con quien conversar y concordar las condiciones de trabajo.
Finalmente, también destacó que se incentive la modernización de las relaciones laborales no solo conversen sobre salarios sino también las condiciones y distribución del trabajo, refiriéndose a los pactos de adaptabilidad.
Detalle del proyecto
La Comisión de Hacienda, en particular, debía pronunciarse sobre tres materias que implican gasto fiscal:
- La remuneración del arbitraje,
- La creación de un fondo de formación sindical y
- Los incentivos a la negociación voluntaria de confederaciones y federaciones
En primer lugar, la instancia respaldó (10 votos a favor y dos abstenciones) los artículos 395, 398 y 399 del numeral 28 del artículo 1° del proyecto, que modifica el libro IV sobre Negociación Colectiva, referidos a la remuneración de los árbitros, pago que será definido anualmente por un arancel fijado por la Dirección del Trabajo, que será de cargo fiscal, salvo que el procedimiento arbitral incluya a una gran empresa (sobre 200 trabajadores), en cuyo caso será de costo de la empresa.
El contrato de prestación de servicios a honorarios y el pago a los árbitros será realizado por la Dirección del Trabajo.
En este punto, legisladores plantearon su crítica a la norma que exige a los árbitros contar con una carrera de 10 semestres, lo cual no se condice con otras normas administrativas que parten desde los 8 semestres. El Ejecutivo recogió esta prevención y será evaluada en el siguiente trámite legislativo.
Fondo de formación
La instancia también respaldó (12 votos a favor y una abstención) la creación del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas, que será administrado por el Ministerio del Trabajo y que reemplaza al actual programa Escuela de Formación Sindical.
El Ejecutivo, a través del Ministro del Trabajo (s), Francisco Díaz, explicó que este fondo será asignado mediante concursos públicos, previa propuesta del Comité de Selección, integrado por un representante de la Subsecretaría del Trabajo, un representante de la Dirección del Trabajo, un representante del Ministerio de Hacienda; dos representantes del mundo sindical y dos representante del mundo empresarial.
El gobierno comprometió el ingreso en segundo trámite de una indicación para incorporar en este comité de selección a un representante del Ministerio de Economía.
El fondo estará constituido por los aportes de la Ley de Presupuestos; las multas pagadas por prácticas desleales y antisindicales y las donaciones y herencias que se acepten, las cuales están exentas de impuestos, gravamen o pago que les afecten; y los aportes que se reciban por vía de cooperación internacional a cualquier título.
Incentivos negociación
Por último, la Comisión de Hacienda aprobó las normas que establecen incentivos a la negociación colectiva para, en primer lugar, dar prioridad en la contratación de contratos administrativos y de prestación de servicios para el sector público a aquellas empresas que mantengan vigentes convenios colectivos con las organizaciones sindicales representativas de sus trabajadores o que le hagan aplicables a éstos convenios colectivos acordados por otros empleadores u organizaciones gremiales de empleadores (negociación voluntaria de confederaciones y federaciones).
Y, en segundo término, se incluye la ejecución de acciones de capacitación destinada a trabajadores de empresas de menor tamaño que mantengan vigentes o apliquen convenios colectivos a sus trabajadores, a través del Fondo Nacional de Capacitación.
Estas normas fueron aprobadas por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Al respecto, el diputado Patricio Melero (UDI), quien se abstuvo en esta votación, explicó que prefiere que todo funcione sin incentivos, “que tengan que ver directamente con que haya o no negociación colectiva o sindicatos, porque tenemos que respetar la libertad sindical y el derecho a formar un sindicato como el derecho a no querer formarlo”.
Agregó, por tanto, que poner este tipo de incentivos “desprotege el derecho de los grupos no organizados o, en ausencia de sindicatos, de los grupos negociadores que no tienen incentivo alguno”.
Finalmente, la comisión aprobó en forma unánime el artículo que dispone que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, en su primer año de vigencia, será de cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y el Tesoro Público. En los años siguientes, se financiará con cargo a los recursos que anualmente contemple la ley de Presupuestos.
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