El acuerdo de 2014 para reajustar el salario mínimo por un lapso de dos años se firmó en términos inusualmente amistosos, pero ese pacto incluía el compromiso del Gobierno de impulsar la reforma laboral. Ahora las cosas podrían ser distintas. La Central pretende alcanzar un sueldo mínimo de $365 mil mensuales.
Aberinto, tormenta perfecta, callejón sin salida. Cualquiera de estas tres expresiones prefabricadas sirve para dar cuenta de la situación en que se encuentra atrapado el Gobierno, luego de que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) echara por tierra el corazón de la reforma laboral y, como réplica de este traspié, tambalearan todos los pactos, lealtades y trenzas políticas que dependían del éxito de esa iniciativa.
El ánimo con que se comenzará a discutir el salario mínimo y la correlación de fuerzas al interior de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de cara a las elecciones de su directiva el próximo 25 de agosto, estarán teñidas por el desplome de la reforma.
El amistoso acuerdo suscrito entre el Gobierno y la multisindical en 2014 -que garantizó dos años sin negociación salarial- se logró a cambio de una promesa que se hizo trizas hace dos semanas: sacar adelante una reforma profunda al Código del Trabajo.
La reforma haría que el sueldo mínimo perdiera relevancia
Hasta antes del pacto de 2014, la reforma laboral no era parte de las transformaciones estructurales que contemplaba el programa de Gobierno.
El plan original del Ejecutivo consideraba una triada compuesta por las reformas tributaria, educacional y nueva Constitución. Los cambios en materia laboral compartían una segunda línea en preeminencia, al mismo nivel que las agendas de innovación y productividad. Es decir, podía prosperar o no.
Sin embargo, durante las primeras semanas de administración, la CUT y la izquierda de la Nueva Mayoría lograron instalar la reforma laboral como la cuarta iniciativa estructural del Gobierno. El Ejecutivo estuvo dispuesto a jugársela por una reforma que no convencía a todos en la Nueva Mayoría, pero le puso un precio a esa concesión: que la CUT se allanara a firmar un moderado reajuste plurianual del sueldo mínimo (2,4% real en julio de 2014, 2,2% real en julio de 2015 y 1,6% real en enero de 2016), que evitara discutir el tema todos los años. Además, se acordó crear una Comisión Asesora Salarial, compuesta por 12 miembros (empresarios, trabajadores y académicos) que tendría por misión proponer los incrementos del salario mínimo en los años siguientes.
Fue un verdadero cheque en blanco que la CUT le entregó al Ejecutivo: ese reajuste no solo se ubicó por debajo de las pretensiones iniciales de los trabajadores, sino también por debajo de los incrementos aprobados durante la administración de Sebastián Piñera (4% real al año como promedio de su Gobierno y 7,9% real en 2013).
Valía la pena moderar las pretensiones, dicen fuentes del sindicalismo, porque la reforma prometida haría que, en pocos años, el nuevo estatus de los sindicatos -con derecho a huelga efectiva y monopolio de los derechos negociados- hiciera que el sueldo mínimo perdiera relevancia.
Propuestas dependerían de condiciones económicas
Según la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, el acuerdo de 2014 se suscribió con otros ministros -Alberto Arenas y Javiera Blanco- y era parte de un protocolo que incluía sí o sí la reforma laboral.
Con este antecedente sobre la mesa, las negociaciones de este año se vislumbran en extremo complejas. En su discurso del 1 de mayo de este año, Figueroa expuso que la pretensión de la Central es un sueldo mínimo de $365 mil mensuales. Mientras, la comisión creada como parte de los acuerdos de 2014 propuso un incremento de 2,2% real anual en la próxima década. Con ese guarismo, se superaría el umbral de los $365 mil mensuales recién en 2022.
Pero en el Gobierno, incluso, dudan de alcanzar ese 2,2%. La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, ha reconocido que la propuesta de la Comisión Salarial está ligada a las condiciones económicas y sociales del país y que no es posible afirmar si ese incremento es factible de alcanzar este año.
Uso del seguro de cesantía creció 40,5%
"Van a decir que no hay piso para negociar por el cuadro de desempleo mayor", señala Bárbara Figueroa, adelantándose a las complejidades que tendrá la negociación del salario mínimo, la que aparte de estar teñida por el efecto del fallo del TC, estará atravesada por el recuerdo fresco de la traumática negociación del reajuste salarial del sector público de 2015.
"Ya conocemos la estrategia de Hacienda", dice Figueroa, recordando que hace un año, la mesa del sector público pidió un reajuste de 7% nominal y el Gobierno, sin acuerdo con los trabajadores, presentó al Congreso un proyecto de 4,1% nominal, que tensionó a los partidos de la Nueva Mayoría.
Parlamentarios de la izquierda del oficialismo agregan otro dato que da cuenta de lo complejas que se vislumbran las tratativas de este año: en la última negociación por el sueldo mínimo (2014), las primeras aproximaciones entre el Gobierno y la CUT se dieron entre mayo y junio, situación que ahora podría no presentarse, toda vez que Hacienda preferiría dilatar el inicio de las negociaciones, de modo que ese debate no se vea contaminado con el quiebre que generó en las filas del Gobierno el fallo del Tribunal Constitucional.
La CUT, en cambio, querría negociar lo antes posible, ante el temor de que en las próximas semanas las cifras de desempleo den cuenta de un brusco deterioro del mercado laboral, lo que daría poderosos argumentos a Hacienda para ser más restrictivo en la negociación.
Desde hace ya algunas semanas, el ministro de Hacienda está monitoreando directamente la evolución del mercado laboral, sobre todo las solicitudes de seguro de cesantía, las que alcanzaron 128.637 en marzo, lo que representa un alza de un 40,5% en relación a febrero de 2016.
En la CUT están temerosos de que estas cifras sean usadas como principal argumento negociador del Gobierno: "Cuidado con construir un escenario de desempleo sideral, porque estamos bajo los promedios históricos (de desocupación). Nos preocupa qué está pasando con el desempleo, con la precarización, con los cuenta propia, pero la contención del sueldo mínimo no es el mecanismo para impactar en materia de empleabilidad", dice Figueroa.
Elección en la CUT y presión de la izquierda no tradicional dificultan los acuerdos
El 25 de agosto será la elección de la directiva de la CUT para el período 2016-2020 y todo indica que la disputa será a tres bandas.
Así quedó de manifiesto en el Décimo Congreso de la CUT, realizado en enero de este año y que sirve de preámbulo a la elección de agosto.
En esa instancia participaron unos 700 delegados sindicales, en representación de las distintas fuerzas presentes en la multisindical (confederaciones, federaciones, sindicatos, colegios profesionales). Entre estos delegados se evidenciaron claramente las corrientes más fuertes de la CUT: el Partido Comunista, de la actual presidenta, Bárbara Figueroa; el Partido Socialista, del actual secretario general, Arturo Martínez, y un grupo que se aglutina en torno al vicepresidente Nolberto Díaz (DC).
La cercanía de la directiva de Figueroa con el Gobierno durante la tramitación de la reforma será uno de los ejes de esta disputa. Ello ya quedó en evidencia durante el congreso de enero, cuando un sector del sindicalismo hizo ver sus aprensiones por el costo que supondría para la Central aparecer cercana al Gobierno y confiada en que la reforma no se desdibujaría en el camino. En ese momento, la Nueva Mayoría ya evidenciaba fuertes divisiones en torno a la profundidad que se le quería dar a la iniciativa, lo que quedó más claro luego del fallo del TC.
Pero no solo las tensiones internas de la CUT dificultarán los acuerdos con el Gobierno, sino también la irrupción de un sindicalismo rupturista, que ha ido captando adherentes precisamente desde sectores sindicales disconformes con la cercanía entre la CUT y el Gobierno.
El Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical (CIUS) ya contaría con unos 50 mil adherentes, considerando solo el número de afiliados de sus tres principales organizaciones: el Sindicato Nacional de Trabajadores Contratistas (Sintrac), la Confederación de Trabajadores Bancarios y la Central General de Trabajadores (CGT), liderada por el ex dirigente de la CUT y ex militante PC Manuel Ahumada.
Un dirigente de la Central que prefiere mantener su nombre en reserva señala que el fortalecimiento de instancias como el CIUS, da cuenta de que la actual directiva de la CUT está siendo desbordada por la izquierda más dura, que opera al margen de los partidos tradicionales de raíz obrera, como el PC y el PS: "Se han dado espacios para que se fortalezcan las opciones que reniegan del control partidista, que reniegan del cordón umbilical que existe entre la CUT y los partidos", afirma esa fuente.
LA COMISIÓN creada como parte de los acuerdos de 2014 propuso un incremento salarial de 2,2%. Con ese guarismo, se superarían los $365 mil recién en 2022.
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