Un grupo de 13 senadores y 38 diputados de oposición presentaron ayer al Tribunal Constitucional (TC) dos nuevos requerimientos contra la reforma laboral y pidieron revisar 25 artículos aprobados por el Congreso que consagrarían la titularidad sindical, contrario a lo fallado por el TC el 27 de abril, que prohibió darle exclusividad a los sindicatos para negociar colectivamente.
“Hemos vuelto a recurrir al TC ante un claro desacato por parte del gobierno”, expresó el senador RN, Andrés Allamand una vez entregado el requerimiento al secretario del tribunal, Rodrigo Pica. El parlamentario llegó hasta la sede del TC acompañado por el senador UDI Hernán Larraín, los diputados Nicolás Monckeberg (RN) y Patricio Melero (UDI), y el abogado constitucionalista, Gastón Gómez.
Este último explicó que “lo que estamos pidiendo es que de esos artículos se eliminen o anulen todas aquellas referencias que infringen el fallo del Tribunal”.
Ambos escritos, uno con la firma de diputados y otro de senadores, tienen el mismo contenido y representan a un cuarto de los parlamentarios en ejercicio.
El Tribunal debería revisar esta semana la admisibilidad del requerimiento y de acogerlo tendría un plazo de 20 días para un fallo. En paralelo, el mismo organismo revisa el control obligatorio de la reforma laboral que fue aprobada la semana pasada en el Congreso.
“El gobierno, en vez de allanarse a cumplir con el mandato claro del TC, lo que se denomina el efecto vinculante de la sentencia, ha insistido en un proyecto que reitera todos los vicios que el propio Tribunal antes declaró y que insiste en materia de titularidad sindical”, agregó Allamand.
A su turno, el diputado RN, Nicolás Monckeberg, dijo que “hemos perdido casi dos años en un debate que pudo haberse resuelto rápidamente en favor de los trabajadores” y agregó que esperan que con este requerimiento “no se discrimine a los trabajadores en su derecho a negociar colectivamente, estén o no afiliados a un sindicato”.
Se pudo evitar
Según expresó el senador de la UDI, Hernán Larraín, el gobierno pudo haber evitado esta situación y haber ingresado una ley que iguale los derechos de los sindicatos y de los grupos de trabajadores, tal como lo establece, según la oposición, el fallo del TC.
“El fallo no solo obliga a acatar su contenido, sino que a desarrollar acciones concretas que permitan su cumplimiento, y el gobierno ha actuado de mala fe porque con el veto reinstala la titularidad sindical, pero adicionalmente no hace lo que tiene que hacer, no dicta las leyes que tiene que dictar y se ha negado a hacerlo públicamente”, expresó Larraín y agregó que “el fallo ha quedado sin imperio, y eso se llama faltarle el respeto a la autoridad, se llama desacato”.
Por último, el diputado UDI, Patricio Melero, sostuvo que “el gobierno tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien, después del fallo del TC haber enviado una ley corta, que interpretara, que corrigiera, y optó por el peor camino, que fue el del veto y dejar un montón de normas con titularidad dentro de la ley y no hacer caso de lo que el fallo le decía”.
Melero enfatizó que “no hubiésemos querido, de verdad, tener que recurrir por segunda vez, y se lo advertimos al gobierno, le pedimos que fueran por el camino de una ley corta, pero pareciera que en el debate interno pudieron más las fuerzas radicales que las más moderadas”.
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